El acuerdo con el Departamento de Justicia cierra una investigación sobre prácticas vinculadas a programas DEI en la empresa, en medio del endurecimiento de la política del gobierno de Donald Trump contra estas iniciativas.
La tecnológica IBM alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que pone fin a una investigación federal vinculada con la aplicación de programas de diversidad dentro de la empresa.
IBM aceptó pagar alrededor de 17 millones de dólares para resolver las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La investigación analizó si determinadas prácticas relacionadas con objetivos de diversidad dentro de la empresa podían vulnerar normas antidiscriminación incluidas en contratos federales.
IBM y la investigación ligada al nuevo enfoque del gobierno sobre las políticas DEI
La administración de Donald Trump ha impulsado en los últimos años una agenda destinada a revisar o eliminar programas de diversidad dentro de instituciones públicas y organizaciones que mantienen vínculos contractuales con el Estado. Esta postura sostiene que algunas iniciativas de diversidad pueden generar discriminación inversa en procesos laborales.
En ese marco, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó una iniciativa para examinar programas de diversidad en empresas que reciben fondos o contratos del gobierno federal. La estrategia utiliza la «False Claims Act», una ley histórica diseñada para combatir fraudes contra el Estado, como herramienta para investigar prácticas laborales que podrían entrar en conflicto con las obligaciones legales de no discriminación.
Según las alegaciones del gobierno, IBM habría implementado mecanismos internos que vinculaban ciertos incentivos laborales con metas de representación demográfica dentro de la plantilla. Entre los puntos señalados por la investigación figuran criterios aplicados en procesos de contratación o promoción, así como programas de formación o mentoría dirigidos a determinados grupos de empleados.
Las autoridades sostienen que este tipo de prácticas podría implicar decisiones laborales influenciadas por factores como la raza o el género. En ese sentido, el fiscal general interino Todd Blanche declaró: «La discriminación racial es ilegal, y los contratistas del gobierno no pueden eludir la ley disfrazándola de DEI».
En el caso de IBM, el acuerdo no implica una admisión de responsabilidad por parte de la compañía. La empresa rechazó las acusaciones y sostuvo que su estrategia de talento responde a criterios profesionales y a las necesidades de sus clientes. El documento del acuerdo también indica que la compañía colaboró con la investigación y realizó ajustes en algunas de sus políticas internas durante el proceso.
