Expertos consultados por Mercado Negro afirman que el proyecto de ley, presentado por congresistas de Podemos, generará involución en la actividad comercial. Advierten, además, que el instrumento no toma en cuenta la opinión de la industria y gremios empresariales, que son los actores regulados, por lo que no tiene «ni pies ni cabeza» y terminará afectando, sobre todo, a las compañías de menor músculo financiero
El comercio electrónico peruano podría estar al borde del decaimiento. El proyecto de ley que busca regular el eCommerce en la nación amenaza al ecosistema comercial digital y a quienes cohabitan en este, con el encarecimiento de los costos de operación y el crecimiento de la informalidad.
Aunque el proyecto de instrumento jurídico promete, según los congresistas que lo llevaron a la plenaria, José Luna Gálvez, Enrique Wong y Digna Lobatón, de la bancada Podemos Perú (PP), favorecer a los consumidores frente a las empresas, la realidad es que terminará afectando tanto a los clientes como a las industrias, en mayor medida a las medianas y pequeñas empresas (MiPymes).
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El sector eCommerce en Perú cuestiona la viabilidad del proyecto, incluso, tilda de garrafal la posibilidad de que llegue a entrar en vigencia. Por el solo hecho de que lejos de impulsar el ejercicio sano de comercio, este generará desmotivación en quiénes tienen menos músculo o quienes quieren emprender.
“El daño siempre se hará en mayor medida a las pequeñas empresas que recién se comienzan a incorporar. Esta medida lejos de ayudar genera retrasos en el ingreso, costos mayores. Se termina generando lo contrario a lo que se busca”, dice Beatriz Hernández, directora ejecutiva del Interactive Advertising Bureau (IAB) Perú, el principal organismo a nivel global que representa a la industria de la publicidad digital y marketing interactivo.
Para Hernández lo que se plantean en el proyecto de ley va en contra de lo digital. Cuestionó la coherencia de exigir, por ejemplo, presencia física a una empresa que desde que fue concebida ha operado bajo el modelo eCommerce sin ningún tipo de inconvenientes. A su juicio, el planteamiento generará involución.
Lo que se contempla en el proyecto de ley
El proyecto de ley se expuso con 12 votos a favor. Durante la sesión, se hizo énfasis en que la actividad comercial digital en la nación fue una de las que más creció en medio de la pandemia por el coronavirus, con una facturación que oscilaría entre los US$6.000 millones, solo en 2020.
Los congresistas basaron su propuesta en el hecho de que aún reportándose un crecimiento importante en el último año, también se registró un incremento en los reclamos de consumidores contra marcas que hacen vida en el comercio electrónico.
El proyecto de ley 415/2021-CR propone modificar diversos artículos del Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29571, para la protección en el comercio electrónico y la seguridad de productos y servicios.
Impulsa el derecho de arrepentimiento, la exigencia de un local físico, así como el hacer pública la información de la compañía, la operatividad de una ventanilla virtual, restricciones de edad y la conceptualización e imposición de responsabilidades a los “intermediaros” son algunas de las proposiciones que se despacharon desde la bancada de Podemos.
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Ala de plomo
Lo expuesto por los congresistas no convence a los representantes del gremio. Por el contrario, consideran que deja ver las malas costuras con las que el pretendido instrumento jurídico fue presentado.
María Gracia Mendoza, líder del área de Asuntos Públicos y Regulatorios de Niubox, una consultora especializada en asesoría legal en tecnología y negocios digitales, dice que más que hablar de defender a las grandes empresas es necesario identificar el impacto que tendrán las medidas antes expuestas en las pequeñas y medianas empresas y los consumidores.
“Cuando hablamos de esto muchas veces podemos pensar en las grandes plataformas, pero lo primero que se debe dejar claro es que el eCommerce también es la señora que vende lo que sea por aplicaciones y redes sociales. Estas medidas podrían ser bien recibidas por los grandes sitios, que al final terminarán adaptándose, pero no será así para quienes no tienen la espalda logística y financiera para afrontar estos cambios”, expone en entrevista a Mercado Negro.
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El proyecto de ley llegó a la plenaria con ala de plomo: de acuerdo a Mendoza este no toma en cuenta la opinión de los actores de la industria y gremios empresariales.
Relató que el proyecto de ley fue, en la primera mitad del año 2020-2021, una propuesta que sacó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y por el que fue consultado el gremio a través de mesas de trabajo en las que se dejaron claras algunas consideraciones que, por lo visto, se quedaron plasmadas en las tablas, pues en la propuesta presentada por Luna no están por ningún lardo los planteamientos de los comerciales.
“Una regulación que no tiene en cuenta la posición de un actor tan importante como la industria, que es el sujeto regulado, no tiene ni pies ni cabeza y no tendrá ningún éxito en su aplicación”, advierte.
Primeros puntos
Son más las inconsistencias que las certezas las que deja el proyecto de ley. Es más, a medida que cada punto se desglosa se evidencia el desconocimiento de quiénes la presentaron sobre cada uno de los eslabones que integran la cadena del comercio electrónico.
La representante de Niubox, al igual que Beatriz Hernández, rebaten la exigencia de la presencia física de un eCommerce. Ambas expertas coinciden en que el exhorto desnaturaliza el modelo de comercialización de canales virtuales.
Recalcan que afecta tanto a las grandes plataformas como a las más de 250.000 Mipymes que hay en el país y que venden sus productos a través de los marketplace abiertos. En resumidas palabras, con el planteamiento se acorralarían a las empresas más pequeñas.
«Si pides a la empresa que se domicilie en el territorio nacional, le generarás costos que no tenía siendo digital. Estos costos incidirán significativamente en el costo al consumidor, es decir, los consumidores se verán también perjudicados. Pedir a un negocio que se maneja en la esfera digital que se ubique en un sitio geográfico es un absurdo», subraya María Gracia Mendoza.
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La verificación de la edad del consumidor es otra de las propuesta que para el gremio carece de viabilidad. Puntualmente lo que propone el proyecto de ley es que las compañías exijan la verificación al momento de la compra, así como una autorización de los padres en caso de que sea menor de edad. Esta disposición no es posible de cumplir por parte de las empresas al tratarse de transacción realizadas a través de canales digitales. El mecanismo mas adecuado y que es el que las plataformas tienen implementado es la solicitud del numero de DNI para validar que se trata de una persona mayor de edad, ello cuando se traten de productos que tengan restricciones para la venta a menores edad.
Resulta contradictorio la proposición, al tomarse en cuenta que el Código Civil, con la regularización vigente, permite que menores de edad hagan transacciones comunes del día a día. «¿Por qué si puedo hacer una transacción física me vas a pedir que en un entorno digital cumpla con esto?», se preguntan Mendoza y Hernández.
La vocera de Niubox es insistente en aseverar que detrás de cada compra por internet está un adulto responsable, previamente registrado. Por tanto, ve contraproducente cargar con esa responsabilidad a la empresa cuando debería ser el padre el que regula.
Derecho de arrepentimiento
De aprobarse el proyecto de ley sin modificaciones podría ser legal que los clientes tengan un plazo de 15 días para devolver el producto adquirido, sin justificaciones que hasta ahora estén claras. La medida una vez más azotaría sobre todo a las empresas más pequeñas. Generaría un alto sobrecosto, no solo por el lado logístico de envío y devolución sino por el lado de los pagos realizados.
Desde los gremios se rebate la propuesta con el alegato de que esto representara, incluso, una carga para los proveedores. Afirman que si no se precisan las condiciones la empresa podría tener la obligación de asumir lo concerniente a los costos.
También con ello se incrementa el riesgo de pérdidas por la depreciación del valor de cada producto y que incluso podría ser este lapso de tiempo caldo de cultivo de conductas desleales.
Freno al incentivo
María Gracia Mendoza, de Niubox, deshila las consecuencias que se derivarían del considerar a los proveedores como intermediarios, también planteado en el proyecto de ley. Apunta que el dictamen considera a los intermediarios de tecnología que son los marketplace como «proveedores», conceptualización que también deja a la luz el desconocimiento de los actores que operan en el comercio electrónico.
Detalla que, según el proyecto, cualquier intermediario, ya sea de delivery o marketplace, sería el responsable por el servicio que da un tercero, aún cuando la única función que tienen es conectar la oferta con la demanda.
«El proyecto atribuye culpas a las plataformas sobre situaciones de las que no tienen controles», sostiene. Al mismo tiempo, vaticina que esto se traducirá en frenar la creación de las plataformas.
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Otra de las consecuencias que podrían derivarse de entrar en vigencia la ley es el freno del crecimiento del comercio digital en las provincias. Mendoza recuerda que aunque casi todo el eCommerce está centralizado en Lima, gracias a a las facilidades de las compras por internet en el interior del país, las personas tienen la posibilidad de acceder a bienes que normalmente no encontraría en sus respectivos poblados.
Teniendo esto en cuenta, la experta considera que las regularizaciones deberían ayudar a descentralizar el comercio electrónico y, lejos de esto, lo que se han planteado en el congreso solo generaría una hecatombe en un rubro que apenas da sus primeros pasos.
Opiniones compartidas
Los expuesto por Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB, y María Gracia Mendoza, representante de Niubox, coincide con las opiniones que otros expertos y representantes del gremio han compartido ante medios de comunicación.
Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios del gremio ComexPerú, reiteró en diciembre que «el texto que ha presentado Luna es un calco del texto inicial, pero todo lo que vino después en Indecopi no ha sido recogido en este proyecto».
En tanto la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) alertó que estas medidas afectarían a 91% de los negocios que venden por internet, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. La institución gremial señaló que debido a las complejidades operativas que se impondrían los comercios podrían verse desanimados a vender en Internet y optar por regresar a la venta presencial, significando un retroceso total sobre lo avanzado en los últimos dos años.
Por otra parte, desde Capece se hizo mención a la exigencia del espacio físico al respecto se enfatizó que podría ocasionar que ni Amazon, Alibaba o eBay podrían comercializar en el Perú. Y esto afectaría al negocio electrónico transfronterizo, que representa casi el 20% de volumen en el país.
