Estas tres cadenas, junto a otro centenar de empresas,piden al gobierno español crear una nueva legislación acorde al contexto actual.
La reactivación económica planteada por el gobierno español ya está puesta en marcha, y aunque varios negocios ya han logrado abrir sus puertas, el Estado de Alarma ha generado un problema en cuanto al pago arriendo de sus locaciones. El impacto más fuerte lo han percibido aquellas empresas que no contaron con un canal eCommerce adecuado, por lo que este grupo del sector minorista piden al gobierno la suspensión de estos alquileres.
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La petición se llevó a cabo por 103 cadenas españolas, las cuales piden al Estado, una legislación coherente a este contexto, donde exista igualdad de condiciones para una negociación con sus arrendadores.
Entre los firmantes figuran marcas como Cortefiel, Mango, Adolfo Domínguez, Desigual, Bimba y Lola, El Ganso, Purificación García, New Balance, Calzedonia, General Óptica, Soloptical, Pimkie o Brasayleña.
De acuerdo con Diego Anderiz, Director General de Flying Tiger, estas compañías presentarán esta semana una iniciativa dirigida a todos los grupos parlamentarios para que favorezcan acuerdos entre propietarios y arrendatarios que eviten el cierre masivo de establecimientos comerciales. Uno de los primeros compromisos que piden estas firmas es la cancelación de sus contratos, debido a que la mayoría de los grandes arrendadores cuentan con cláusulas de indemnización y plazos de obligado cumplimiento que resultan imposibles de salvar en la actual situación de Estado de Alarma.
Hasta el momento, la acción del gobierno ha dejado los términos de los alquileres bajo la negociación bilateral, lo que afecta considerablemente a estas marcas.
«Queremos que la Administración favorezca la negociación entre arrendadores y arrendatarios, permitiéndose al arrendatario resolver todos los contratos de arrendamiento anteriores al 14 de marzo de 2020, para poder negociar en igualdad de condiciones con nuestros arrendadores», señala el escrito.
La propuesta también considera imprescindible la elaboración de una Ley de Arrendamientos Comerciales como marco jurídico actualizado en materia de explotación de suelo comercial.
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