La multinacional acumula a la fecha denuncias en Chile, Perú y ahora también en su país de origen por cargos que incluyen el manejo indebido de información personal de menores
Un regalo navideño tan tardío como desagradable recibio el 31 de diciembre la multinacional colombiana, Rappi S.A.S. el mismo se caracterizó por la formulación de cargos en contra de la empresa de delivery por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a causa de las deficiencias en sus productos y servicios, en especial, los comercializados el pasado 10 de mayo, día de las madres en Colombia.
Así como los clientes siempre reinciden en empresas que prestan buenos servicios, las instancias legales persiguen las huellas que dejan atrás las compañías que por el contrario perjudican a sus usuarios, en el caso de Rappi no fue la excepción, pues la Superintendencia ha estado investigando más de 60.000 denuncias por parte de los clientes que han acudido al servicio de delivery en Colombia.
Documento de cargos lleva alrededor de 30 páginas dónde se especifican no solo los nombres de los denunciantes, sino también incluye las posibles violaciones a los derechos del cliente que se despliegan de 5 puntos principales: Falta de calidad en la prestación del servicio, Omisión de leyenda en la publicidad de productos nocivos para la salud, Falta de información sobre el tiempo de entrega de los productos; y, el último pero no menos importante, «no implementar las medidas posibles para verificar la edad de los consumidores».
Antecedentes de Rappi en Chile y Perú
Durante la pandemia fue tendencia en el mundo la migración de ventas a través de plataformas digitales, lo cual condujo a un auge de las entregas de productos por delivery, algo que fue de provecho para empresas como Rappi que cuenta con presencia también en Chile y Perú.
En Chile particularmente, las Pymes que se veían forzadas por el complejo contexto a contratar los servicios de Rappi, denunciaron que la empresa de domicilios se quedaba con el 50% de las ganancias de cada venta. Así como también declararon desde la organización Somos Pymes, que para poder adquirir el servicio de delivery debían pagar una inscripción de 25.000 pesos chilenos.
Las quejas no tardaron en llegar a instancias legales puesto que las autoridades determinaron que el caso es competencia de la Fiscalía Nacional de Economía. A lo que Rappi contestó «es importante explicar que las comisiones que se cobran en Rappi no son el margen de utilidad percibido por la compañía«.
En el caso de Perú, la empresa de delivery ha incrementado su popularidad durante la pandemia, pero así como creció el índice de uso de su servicio, consigo aumentaron las denuncias en redes sociales por parte de los usuarios que aseguraban que la empresa de delivery realizaba «cobros indebidos» a través del aplicativo móvil.
Muchos casos se hicieron presentes en las plataformas digitales en respuesta a los abusos que han padecido los clientes por el precario servicio de delivery que han recibido, entre los comentarios algunos exclaman que les fue descontado en la tarjeta de crédito productos que nunca llegaron o, inclusive cobros dobles por un solo producto. La mayoría no han encontrado aún respuesta ante sus exigencias de devolución de dinero, o algún tipo de pronunciamiento con respecto a los correos o llamadas realizadas al número de ayuda de la empresa.
