Comercio electrónico. Una de las pautas señala que las empresas deben haber facturado un monto igual o mayor a los 3 millones de soles en el 2019, además de contar con dos o más locales comerciales por compañía.
Este miércoles 06 de mayo publicó en el Diario Oficial El Peruano una resolución en la que se especifican los requerimientos para que funcionen las empresas de comercio electrónico. La normativa ha causado polémica porque señala que las empresas que podrán operar deben haber facturado un monto igual o mayor a los 3 millones de soles en el 2019, además de contar con dos o más locales comerciales por compañía.
Como es habitual, la compañía de comercio electrónico debe estar debidamente inscritas en la Sunarp y tener licencia de funcionamiento, sin embargo, la ejecución de la entrega de los servicios debe realizarse con servicios propios o de tiendas especializadas, a puerta cerrada y en los horarios permitidos, solo en Lima Metropolitana. Esto podría ser perjudicial para las empresas promedio del Perú, pues muchas mypes no cuentan con todos estos requerimientos.
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Esta norma podría ser representar una importante ventaja para los grandes retailers, por lo que la competencia en el mercado estaría desequilibrada, ya que las grandes marcas, al contar con un mayor número de ventas que las mypes, pueden solventar un canal propio de entregas, lo que incluye motos, furgonetas y otros vehículos para transportar los productos, pero una mediana empresa, que no cuenta con este equipo, realiza las entregas a través de courier o servicios logísticos.
“El protocolo mismo dice que en el despacho de mercadería, el conductor del vehículo únicamente está designado para eso, no pudiendo desarrollar labores de carga ni descarga. Es decir, si me compran un televisor, un señor debe manejar el auto y otro debe entregar el televisor. Y si fuera un mueble, debería haber un tercero”, menciona Mario Zúñiga, líder del área de Competencia y Mercados de la consultora EY (antes Ernst & Young), para Perú21.
Varios especialistas del sector comienzan a cuestionar esta resolución y esperan que el gobierno revise el protocolo.
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