Esta adquisición, valuada en aproximadamente 2.000 millones de euros a precios de mercado, posicionará al Estado como el principal accionista de Telefónica, superando a entidades como BBVA, CaixaBank, Saudi Telecom Company (STC) y el fondo BlackRock.
El martes 19 de diciembre, el Gobierno de España ha aprobado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquiera hasta un 10% del capital de Telefónica, convirtiéndose así en el principal accionista de la compañía. Este movimiento estratégico, que marca el retorno del Estado al accionariado de Telefónica después de 26 años de su privatización completa, se justifica por la naturaleza de la multinacional española y sus contratos con el área de defensa.
La SEPI, bajo el control del Ministerio de Hacienda, gestionará la participación estatal en Telefónica, otorgando al Gobierno español la capacidad de influir en la toma de decisiones y fortalecer la estabilidad accionarial de la empresa. Esta adquisición, valuada en aproximadamente 2.000 millones de euros a precios de mercado, posicionará al Estado como el principal accionista, superando a entidades como BBVA, CaixaBank, Saudi Telecom Company (STC) y el fondo BlackRock.
La medida responde directamente a la entrada del grupo saudí STC, vinculado al fondo soberano de la monarquía árabe, que adquirió casi un 10% del capital de Telefónica en septiembre pasado. El Gobierno, a través de la SEPI, busca contrarrestar la influencia de inversores extranjeros en empresas estratégicas españolas.
Según el Ministerio de Hacienda, esta acción fortalecerá la estabilidad accionarial de Telefónica y preservará capacidades estratégicas cruciales para los intereses nacionales. “Es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa”, explicó Nadia Calviño, la primera vicepresidenta.
Telefónica, por su parte, está inmersa en un plan a tres años con el objetivo de generar valor para sus accionistas y mejorar los servicios a sus clientes. La entrada del Gobierno en la compañía se alinea con la visión de fortalecer su presencia en sectores estratégicos, marcando un hito con la mayor compra gubernamental en la historia, valorada en más de 2.000 millones de euros.
La operación, sin duda, marca un precedente significativo en la relación entre el gobierno y el sector empresarial en España.
