La venta ambulatoria de chips expone a las personas a ser víctimas de contrataciones fraudulentas y al mal uso de sus datos personales, según Osiptel.
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), otorgó un plazo de 10 días hábiles a las empresas operadoras para que concluyan la contratación del servicio de telefonía móvil en la vía pública, porque no brinda las medidas de seguridad necesarias y tampoco respalda la entrega adecuada de información a los usuarios.
La medida fue adoptada por el organismo regulador porque las empresas operadoras vienen ofreciendo chips de telefonía móvil en calles, plazas, mercados y bulevares de Lima y el interior del país, exponiendo así a sus clientes a ser víctimas de contrataciones fraudulentas, mal uso de sus datos personales y la falta de información o a la falsificación de la misma sobre la contratación de los servicios.
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Esta decisión se tomó después de que Osiptel realizara más de 100 acciones de supervisión a nivel nacional, en las cuales advirtió que la mayoría de vendedores ambulantes de chips de las empresas operadoras habrían brindado información no veraz o incompleta a los interesados en las líneas móviles.
Igualmente, en otros casos no se efectuaba la verificación biométrica de la huella dactilar para la identificación del contratante. Adicionalmente, el organismo también observó que, en algunas ocasiones, se comercializaban líneas pre activadas bajo la titularidad de terceras personas.
Es importante destacar que, según el Reglamento del Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), “las empresas operadoras se encuentran prohibidas de comercializar chips, SIM Cards y cualquier otro dispositivo similar con el servicio activado antes de registrar los datos de identificación del abonado en el registro de abonados”.
En este sentido, Osiptel advierte que la venta ambulatoria de chips por parte de las empresas operadoras genera problemas de inseguridad a los abonados, entre los cuales se pueden mencionar:
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– Contrataciones fraudulentas: las personas que son abordadas en las calles y que aceptan brindar sus datos personales y su huella dactilar están realizando un contrato de servicio, y de no adaptarse a las medidas de seguridad respectivas, se pueden presentar casos de portaciones y migraciones no solicitadas e, inclusive, uso de datos y huellas para contratar líneas y usarlas con fines delictivos.
– Mal uso de datos personales: los futuros clientes exponen sus datos personales y sus huellas dactilares al brindarlos a personas que se presentan como representantes de las empresas operadoras.
– Información no veraz o incompleta sobre el servicio: las empresas no estarían brindando la información completa que necesitan los abonados, y que exigen las normas, para tomar decisiones que se adecúen a sus necesidades.
– Problemas en la supervisión: al no tener conocimiento de los puntos específicos de venta, Opsitel no puede realizar una adecuada programación de las visitas inopinadas a dichos lugares de comercialización.
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