Mientras varias economías de la región escalan posiciones y utilizan el salario mínimo como herramienta política y social, el Perú permanece en la parte baja del listado, en medio de un escenario institucional que limita cualquier ajuste de fondo.
El salario mínimo volvió a instalarse como un termómetro económico y político en América Latina. De cara a 2026, un nuevo ranking regional realizado por el Gobierno de México, reavivó la comparación entre países, dejando en evidencia las brechas persistentes entre economías que han priorizado el ingreso básico y otras que avanzan con mayor cautela.
En ese mapa comparativo, el Perú vuelve a figurar entre los países con menor remuneración mínima mensual, ubicándose en el puesto 13 de 16. Con un ingreso que ronda los 330 dólares, el país se distancia de las economías que lideran el listado y refuerza una posición que ya se ha vuelto recurrente en los análisis regionales.
Salario mínimo: el ranking regional y la posición peruana
Los datos difundidos para 2026 muestran un escenario desigual. Países como Uruguay, Chile y México encabezan el ranking con salarios mínimos que superan holgadamente los 500 dólares mensuales. En el caso mexicano, el avance fue destacado públicamente por su presidenta, Claudia Sheinbaum:
«En sólo un año, México pasó del sexto al tercer lugar en salario mínimo entre los países de América Latina. Con justicia social fortalecemos la economía de las familias; por el bien de todos, primero los pobres».
Más atrás aparecen países como Colombia, Ecuador y Guatemala, que también logran ubicarse por encima del promedio regional. El Perú, en cambio, se sitúa en el tramo inferior del ranking, apenas por encima de economías con contextos macroeconómicos más inestables. Esta ubicación refleja no solo un monto específico, sino una política salarial sin mecanismos automáticos de actualización.
El debate local se desarrolla además en un momento político particular. Tras la salida de Dina Boluarte, el país atraviesa un gobierno de transición encabezado por José Jerí, con una agenda centrada en la estabilidad institucional y la organización de las elecciones generales de 2026. En ese marco, cualquier modificación al salario mínimo queda sujeta a un proceso técnico liderado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y al consenso, no siempre alcanzable, entre gremios empresariales y sindicatos.
