Además, la entidad ha ordenado que aquellos alimentos que contengan tartrazina deberán incluir una etiqueta advirtiendo que contiene el aditivo.
Hace algunos años, conocer con exactitud información sobre los insumos con los que se elaboran ciertos alimentos era algo muy raro. Y es que la mayoría de los productos, poseían una denominación compleja, muy larga e, incluso, en muchos casos variaba de acuerdo al idioma.
Sin embargo, esta realidad empezó a cambiar una vez se empezó a presentar una regulación en el rubro alimenticio a nivel mundial en pro de una mayor transparencia para que los consumidores adquieran alimentos, pero de forma informada.
Regulación en Perú
En el caso peruano, se están estableciendo una serie de normas (desde el 2008) que buscan proteger la salud de las personas, así como promover una alimentación más saludable. Esto ha implicado desde la creación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable (2013), hasta la polémica «Ley de los Octógonos» que obliga a las empresas a colocar de forma expresa que alimentos exceden cierta cantidad de sodio, grasas saturadas y grasas trans.
¿Adiós al colorante amarillo?
Por otra parte, otra medida – que se suma a las ya existentes – es una disposición de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA). Esto obliga a todas las empresas del rubro alimenticio a indicar si sus productos tienen colorante amarillo.
Basada en una sentencia judicial, la decisión tiene el objetivo de proteger la salud del público infantil, ya que el aditivo está relacionado con posibles reacciones adversas (como alergia e hiperactividad).
Además, las empresas deberán incluir en su rotulado, de forma visible y en negrita, la frase: “CONTIENTE TARTRAZINA”, junto con la leyenda “uso recomendado de hasta 7.5 mg/kg peso/día”, según señala el comunicado oficial.
Plazo máximo
Las empresas tendrán un tiempo de 365 días calendario para adecuarse a esta obligación y que quienes aún no cuenten con la autorización sanitaria de sus productos, deben iniciar su trámite según el procedimiento del TUPA 31.
En contexto, la institución ha solicitado que las compañías sustituyan de forma progresiva el colorante por otro aditivo que esté permitido en el Codex Alimentarius.
Fuente: El Comercio