El gobierno de Emmanuel Macron impulsa un proyecto de ley que restringe el acceso a plataformas digitales y amplía la prohibición de celulares en las escuelas, en línea con medidas ya adoptadas por Australia.
En Europa, el debate sobre la relación entre adolescentes y tecnología dejó de ser teórico. Francia decidió llevarlo al terreno legislativo con una propuesta que busca marcar límites claros al uso de redes sociales por parte de menores. El plan apunta a regular de forma más estricta la vida digital de niños y adolescentes, en un contexto de creciente preocupación social.
El gobierno francés considera que el ecosistema digital actual expone a los jóvenes a riesgos que superan los beneficios del acceso irrestricto. Violencia, acoso, alteraciones del sueño y consumo de contenidos inadecuados aparecen como parte del diagnóstico que impulsa esta iniciativa, que podría cambiar la rutina de millones de estudiantes desde el próximo año.
Un giro legislativo con impacto escolar y digital
El proyecto de ley, que el Ejecutivo presentará para su revisión jurídica en las próximas semanas, plantea dos medidas centrales. Por un lado, establece como ilegal que las plataformas de redes sociales ofrezcan sus servicios a menores de 15 años. Por otro, amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a las escuelas secundarias, una restricción que ya rige en niveles educativos inferiores desde 2018.
La iniciativa no surge en el vacío. Emmanuel Macron ha vinculado en reiteradas ocasiones el uso intensivo de redes sociales con episodios de violencia juvenil y con problemas de salud mental entre adolescentes. En ese marco, el mandatario ha señalado su intención de que Francia siga el camino de Australia, país que recientemente implementó una de las regulaciones más duras a nivel mundial en este ámbito.
Aunque el presidente no mencionó explícitamente el proyecto durante su mensaje de Año Nuevo, sí dejó clara su postura al afirmar: “proteger a nuestros niños y adolescentes de las redes sociales y las pantallas.” Esa frase resume el espíritu de una política que busca reforzar el rol del Estado frente a un fenómeno dominado por grandes plataformas tecnológicas.
La propuesta también reconoce las limitaciones de medidas anteriores. En 2023, Francia aprobó una norma que exigía el consentimiento parental para que menores de 15 años abrieran cuentas en redes sociales. Sin embargo, los obstáculos técnicos impidieron su aplicación efectiva, lo que empujó al gobierno a plantear una prohibición directa.
Más allá del ámbito nacional, Macron ha manifestado su intención de llevar este debate al plano europeo. Tras hechos de violencia que sacudieron al país en 2024, el presidente defendió la necesidad de una regulación común en la Unión Europea. Aunque los Estados miembros conservan la potestad de fijar límites de edad, el tema ya figura en la agenda comunitaria.
