Un análisis de Burson sobre la conversación pública identifica que las narrativas dominantes en campaña no siempre coinciden con los temas que generan mayor credibilidad e impacto entre la población, lo que podría afectar la legitimidad del próximo gobierno.
Perú se encuentra a las puertas de las próximas Elecciones Generales, en las que los ciudadanos deberán escoger al próximo presidente de la República entre 35 candidatos, un escenario poco habitual en el país. Además, deberán elegir a los nuevos congresistas y a los integrantes del Parlamento Andino. En medio de este panorama, el proceso electoral de 2026 avanza en un escenario político marcado por la fragmentación y la desconfianza ciudadana.
En medio de este panorama, el proceso electoral de 2026 avanza en un contexto político marcado por la fragmentación y la desconfianza ciudadana. Hoy, la discusión pública no solo gira en torno a quién podría ganar los comicios, sino también a la capacidad de la próxima administración para sostener legitimidad y gobernabilidad en un entorno social cada vez más exigente.
En ese contexto, un reciente estudio elaborado por Burson analiza la dinámica de las narrativas políticas en medios digitales y redes sociales. El informe examina cómo circulan los principales temas de la conversación pública y qué tan capaces resultan de influir en la opinión ciudadana o convertirse en presión política real.
Elecciones Generales 2026: narrativas visibles vs. demandas con mayor impacto
El análisis identifica dos grandes ejes que estructuran el debate político actual previo a las elecciones: la inseguridad y la corrupción. En el primer caso, la conversación suele describir el problema como una «pérdida de control del Estado» frente al crimen, la violencia y la expansión de la informalidad. En el segundo, la discusión pública presenta la corrupción como evidencia de un sistema político «capturado» y con baja legitimidad institucional.
Para evaluar la fuerza de cada narrativa, el estudio aplicó tres indicadores: Potencial de Impacto (PFI), que mide la probabilidad de que un tema se transforme en presión política o decisión pública; Credibilidad (BEL), vinculada a la confianza que genera en las audiencias; y Viralidad (VIR), relacionada con su circulación en el entorno digital.
El informe detecta que la narrativa de «mano dura / seguridad punitiva» concentra gran parte de la exposición mediática, pero registra un PFI de 44.4 sobre 100. En contraste, propuestas asociadas a «seguridad vinculada a educación, salud e inversión social» o a una «reforma integral de la PNP» alcanzan un PFI de 62.49, a pesar de recibir menor visibilidad en el debate político.
En el eje de corrupción ocurre una dinámica similar. Las narrativas centradas en denuncias o sanciones individuales logran mayor exposición, pero las audiencias muestran mayor confianza en propuestas relacionadas con «reformas estructurales» y «corrección institucional», que alcanzan un PFI de 56.5.
El estudio también identifica un segundo bloque de preocupaciones que alimentan lo que denomina el «malestar debajo de la estabilidad», donde aparecen temas como la inflación, la economía familiar, el empleo y la desigualdad. Allí se ubican subnarrativas como el «costo de vida», los «ingresos insuficientes» y la «presión sobre la canasta básica», que reflejan las tensiones entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de los hogares.
El informe también analiza el comportamiento de las audiencias digitales. Al medir el PFI, el grupo de entre 25 y 44 años aparece como el principal motor de amplificación de narrativas relacionadas con seguridad, corrupción y costo de vida. En cambio, los jóvenes de 18 a 24 años muestran mayor afinidad con discursos de cambio y tecnología, mientras que el segmento de 45 a 64 años tiende a reforzar posiciones previamente establecidas.
Factores que podrían tensionar el escenario político tras las elecciones
El estudio también advierte que el principal riesgo para el Perú hacia las elecciones de 2026 no radica en una crisis económica inmediata, sino en un deterioro progresivo del entorno de gobernabilidad. Este escenario podría traducirse en mayores costos operativos y sociales para las empresas, impulsados por el avance de la inseguridad vinculada al crimen, la extorsión y la falta de control territorial.
A este panorama se suma la percepción de una «política capturada», que refuerza la desconfianza ciudadana y aumenta el riesgo de presión regulatoria o de decisiones normativas improvisadas. Además, el análisis también menciona la presencia de candidatos con sentencias y una narrativa dominante que describe al sistema político como incapaz de filtrar adecuadamente a sus representantes.
Adicionalmente, el informe señala que la desconexión entre el discurso político y la economía cotidiana podría intensificar la conflictividad social. En las conversaciones sobre empleo y desempleo aparecen subnarrativas como «malestar ciudadano, minería ilegal, inestabilidad política y fracaso del modelo para formalizar», a lo que se suma la posibilidad de un «deterioro incremental desde el Congreso» y factores externos como el Fenómeno El Niño o conflictos internacionales, que podrían elevar los costos y la volatilidad económica.
