La propuesta califica la iniciativa como una medida de “necesidad pública e interés nacional”, con el objetivo de proteger los intereses del Estado y asegurar la continuidad del servicio de telecomunicaciones.
El Congreso de la República ha recibido un proyecto de ley para nacionalizar la empresa Telefónica del Perú S.A.A., recientemente renombrada como Integratel Perú, y crear una empresa estatal que asuma sus operaciones.
La propuesta, registrada como Proyecto de Ley 565/2024-CR, declara la nacionalización de la compañía como una acción de «necesidad pública e interés nacional», justificándola en la protección de los intereses del Estado y la garantía del servicio de telecomunicaciones.
Disposición
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo procederá a la expropiación de todas las acciones, activos y operaciones de Telefónica del Perú S.A.A. en un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la entrada en vigor de la ley.
Además, dentro del proceso de expropiación se incluirán las empresas creadas entre marzo y junio de 2020, tales como PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech Perú.
Creación de TELPERÚ
Como parte de esta iniciativa, los congresistas anunciaron la creación de la Empresa Nacional «Telecomunicaciones del Perú» (TELPERÚ), una entidad pública de derecho privado adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
De acuerdo con el proyecto de ley presentado, TELPERÚ asumirá la gestión bajo un esquema de gobierno corporativo, hasta que el Estado defina su administración definitiva, ya sea mediante gestión estatal, concesión o privatización, conforme a nuevas reglas de prestación de servicios.
Asimismo, se indica que el Poder Ejecutivo establecerá un Consejo de Vigilancia para garantizar el control social y técnico de la gestión de la empresa hasta que se defina su privatización, concesión o administración pública. Este consejo estará conformado por:
- Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
- Un representante de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
- Un representante de los trabajadores.
- Un representante de los acreedores de bonos.
Además, el Consejo de Vigilancia deberá presentar un reporte semestral sobre la situación económica, financiera, tributaria y laboral de la empresa, dirigido al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Para mayor información, puede ingresar al siguiente enlace para leer el proyecto de ley.
Fuente: Lpderecho.pe
