Este país pretende ser el primero en ofrecer beneficios legales a repartidores, sin embargo, la medida suprime otras libertades en el rubro. Mira aquí las contradicciones y la posición de las empresas
La pandemia hizo que el sector delivery tuviese una evolución rápida, haciendo que el mercado se vea acaparado por muchas empresas de este tipo, sin embargo, el modelo de negocio junto al manejo de los empleados está haciendo muy cuestionado.
Muchos repartidores buscan ser asalariados por este tipo de empresas, mientras que ellas responden que estos ya son autónomos (con el apoyo de los trabajadores) y que ellos son libres de elegir el horario y lugar de trabajo. Todo esto está siendo muy mal manejado y en la gran mayoría de los casos, se podría decir que el trabajo “informal”. Por ello, el gobierno español acaba de aprobar la Ley Rider.
Ley Rider: las empresas de delivery deberán contratar como asalariados a sus trabajadores
Por orden del Consejo de Ministros español, las empresas deberán aplicar la Ley Rider en un periodo de 3 meses. El anuncio de la norma se hizo a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), con el objetivo es que las empresas de delivery contraten a sus trabajadores, pagándoles un sueldo y no por lo que ellos producen en un día.
Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, dijo lo siguiente en la rueda de prensa: “en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, ya que no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar esto. Un joven en bici no es un emprendedor”.
La posición de las empresas de delivery y de los repartidores ante la Ley Rider
Cuando se decretan nuevas leyes para las empresas, siempre vamos a encontrar las dos posturas ‘una positiva y una negativa’. Por un lado, encontramos a la empresa Just Eat quién celebra esta nueva ley ya que, ha sido una de las pocas empresas que ha mantenido esta relación con sus empleados desde un principio. “ya que genera seguridad jurídica necesaria para operar con dos principios fundamentales: garantizar los derechos de los repartidores dándoles un contrato de trabajo y asegurar que todos los operadores del sector desarrollen su actividad bajo las mismas reglas”.
La otra cara de la moneda es de algunas empresas que muestran su inconformidad como, Stuart, el director general David Guasch afirmó lo siguiente: “Consideramos que esta nueva regulación requería no solo de la participación el sector afectado, sino también un debate parlamentario amplio y sosegado, teniendo en cuenta que este sector actualmente aporta 700M€ al PIB nacional, y pone en peligro más de 15.300 empleos totales en España”.
A esto hay que agregarle la postura en contra de la asociación Repartidores Unidos quién ha criticado la nueva ley y aseguran que “desean provocar la destrucción y precarización de nuestro trabajo”. Finalmente, es un anuncio que se tendrá que ir asimilando y a su vez aplicándose para que las empresas no empiecen a verse afectadas.